El año 2020 trajo diversos desafíos para el mundo, en especial para las y los ciudadanos de Latinoamérica. En un contexto de encierro masivo a causa de la pandemia, el uso de la tecnología permeó muchos de los aspectos de la vida diaria. Algunas problemáticas ya existentes de la región se potenciaron y la brecha digital impactó el acceso al conocimiento e información de millones de personas incrementando la desigualdad del mundo.
Por ello, existe una urgencia por promover y fortalecer los derechos digitales de la población. Es así que la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica, Indela, lanzó una nueva convocatoria abierta. En esta Convocatoria Indela 2021, se seleccionarán proyectos sobre derechos humanos afectados por las tecnologías digitales presentados por organizaciones basadas en Latinoamérica.
Los proyectos seleccionados recibirán por un lapso máximo de seis meses, apoyo de 25 mil dólares, y consultorías especializadas para fortalecer el impacto de su trabajo y de la organización.
La Convocatoria Indela 2021 está abierta del 15 de abril al 15 de mayo.
Busca fortalecer el ecosistema de derechos digitales en la región a través del apoyo de 25 mil dolares a las organizaciones que lo defienden.
“Creemos que es momento de acompañar procesos que respondan de manera conjunta a los desafíos y urgencias específicas que atraviesa Latinoamérica en esta pandemia. Que puedan generar un impacto coordinado en la protección de los derechos digitales de millones de habitantes”. Comentó Lucía Abelenda, parte del Comité Directivo de Indela.
Entre algunos ejemplos que muestran cómo algunos derechos se han visto afectados. Se encuentran diversos países latinoamericanos que adoptaron medidas tecnológicas para prevenir y disminuir la propagación del virus implementando apps de rastreo de contacto.
Expertos afirman que estas aplicaciones tecnológicas, más allá de no reducir el contagio y propagación del virus. Son poco transparentes en cómo recolectan y utilizan los datos personales de la ciudadanía; además, aumentan el poder de vigilancia del Estado en este contexto de crisis y en un futuro post pandemia.
Sumado a este contexto, algunos gobiernos de Latinoamérica han decidido o están en el proceso de decidir alguna postura sobre la regulación a grandes plataformas digitales como Google, Facebook, Twitter, etc.
“Estas discusiones son preocupantes porque carecen de un enfoque integral de protección de la libertad de expresión en línea, y están siendo concebidas como una nueva forma de regulación del discurso público, donde el público general no tiene voz o espacio de incidencia”, señalan expertos.
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