¡Atención comunidad digital! La Asociación de Internet MX (AIMX) ha encendido las alarmas sobre el polémico Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, aprobado en fast-track como parte del Paquete Económico 2026. ¿La razón? Este artículo podría abrir la puerta a una vigilancia masiva sin precedentes en México, afectando tanto a empresas como a millones de usuarios.
¿Qué propone el Artículo 30-B?
En su redacción actual, el artículo busca facultar al SAT para acceder en tiempo real y de forma permanente a las bases de datos de plataformas digitales que operan en México. Aunque se presenta como una medida para mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, AIMX advierte que esto podría convertirse en una “llave maestra” para entrar sin restricciones a información sensible, sin orden judicial ni límites claros.

Riesgos para la privacidad y la ciberseguridad
La AIMX señala que esta medida:
- Pone en riesgo la privacidad de millones de usuarios
- Viola derechos constitucionales, como el Artículo 16 sobre protección de datos y comunicaciones privadas
- Incrementa los riesgos de ciberseguridad, al crear una “puerta trasera” que podría ser explotada por hackers
- Debilita la confianza en las instituciones, al permitir intromisiones sin control judicial
Además, se advierte que incluso agencias gubernamentales han sido vulneradas antes, como ocurrió con la filtración masiva del SAT en 2024 y la reciente del IMSS.
Consecuencias económicas: retroceso digital y riesgo competitivo
La implementación del Artículo 30-B podría tener consecuencias significativas para el ecosistema digital mexicano, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas MiPyMEs dependen del internet como su principal canal de operación, promoción y venta. Imponer medidas de vigilancia fiscal tan intrusivas podría poner en riesgo su estabilidad, limitando su capacidad de competir y crecer en entornos digitales.
Otro punto crítico es la exposición de información estratégica. Al permitir el acceso permanente a bases de datos empresariales, se corre el riesgo de comprometer secretos industriales y datos clave que representan ventajas competitivas. Esto no solo afecta la seguridad de las empresas, sino que también podría desincentivar la inversión en innovación tecnológica.

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Además, la medida podría provocar un retroceso en el uso de plataformas digitales. Ante el temor de vigilancia constante y sanciones desproporcionadas, muchas empresas podrían optar por regresar al comercio físico, donde las regulaciones fiscales son menos invasivas. Este cambio implicaría una pérdida de dinamismo en la economía digital y una menor adopción de herramientas tecnológicas.
Finalmente, el impacto se extendería al cumplimiento de los objetivos del Plan México Digital. Este programa busca impulsar la transformación tecnológica del país, pero medidas como el Artículo 30-B podrían frenar ese avance, afectando la innovación, la inclusión digital y el desarrollo económico basado en tecnología.
¿Qué propone AIMX?
La Asociación no solo lanza la alerta, también propone ajustes concretos:
- Sustituir el acceso en tiempo real por auditorías selectivas con orden judicial
- Limitar el alcance de los datos a lo estrictamente fiscal
- Implementar mecanismos seguros de acceso
- Aplicar sanciones proporcionales, evitando el bloqueo total de plataformas
- Iniciar con una fase piloto antes de aplicar la medida
- Incluir regímenes simplificados para MiPyMEs
- Mantener el principio de responsabilidad limitada de intermediarios, en línea con el T-MEC

¿Y ahora qué?
AIMX hace un llamado urgente al Senado para rectificar esta medida antes de que México sea percibido como un país que legaliza la vigilancia masiva. Reconocen la importancia de combatir la evasión fiscal, pero insisten en que debe hacerse sin sacrificar derechos fundamentales.
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